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Los abogados expertos en demandas masivas se lanzan a por los accionistas del Popular



Los accionistas del Popular se despertaron ayer con una amarga noticia: han perdido toda su inversión. Con la intervención por parte del Mecanismo Único de Supervisión, sus acciones quedaron en un valor de 0 euros. Y luego el banco se vendió al Santander por un euro. El Popular cotizó hasta el jueves con normalidad. Encadenó su octava jornada a la baja, con pérdidas superiores al 6%. Y en cerca de una semana, el banco había perdido el 50% de su valor. La Bolsa es un mercado que marca los precios por oferta y demanda y un desplome así indica, sin dudas, que en las ventas en los últimos días del Popular fueron masivas. Sin embargo, el Popular tenía cerca de 300.000 accionistas. 300.000 inversores enfadados. Un negocio en potencia para los despachos de abogados especialistas en demandas masivas que desde hace unos años tienen en los afectados por los abusos de la banca, desde las preferentes a las cláusulas suelo, un lucrativo negocio.
Por la tarde, algunos bufetes especializados hablaban en la radio anunciando sus servicios para ayudar a los accionistas a demandar y tratar de recuperar su dinero. Los despachos pusieron en marcha toda su maquinaria: anuncios, notas de prensa y convocatorias para informar a los afectados.
Arriaga Asociados actualizó su web con un apartado dedicado al Popular. "Actualmente estamos estudiando todas las posibilidades para la recuperación de las inversiones de los accionistas que acudieron a la ampliación de capital de 2016. Le animamos a que nos deje sus datos en el formulario que está a continuación para mantenerse informado de los avances en una posible reclamación", ofrecía.
"LEAN Abogados, asociación de despachos especializados en derecho bancario y presente en 16 provincias, expondrá este jueves 8 de junio a las 11:00h las posibilidades que tendrán los afectados por la venta del Banco Popular", anunció este despacho. Fue sincero a la hora de señalar que "el grueso de inversores no recuperará su capital". Pero apunta hacia una de las grietas que pueden abrirse en el proceso. "Desde LEAN se alerta de que en algunos casos sí se podrá reclamar judicialmente. Es el caso de los accionistas que suscribieron en la ampliación de capital realizada en mayo de 2016 por importe de 2.500 millones de euros". Según Ignacio de Azúa, de LEAN, “el motivo es que las cuentas utilizadas para realizar la ampliación no eran correctas”.
Roca y Asociados también remitió un comunicado firmado por Rafael Roca, fundador. "El Banco Santander se enfrenta ahora a posibles sanciones civiles o penales por la ampliación de capital que hace un año realizó el Banco Popular. Hay accionistas que no solo han perdido su inversión, sino que deben seguir pagando al banco el préstamo que éste les concedió para tal fin”, apuntaba.
La asociación de consumidores OCU se puso manos a la obra. "OCU estudia acciones judiciales para defender a los pequeños accionistas del Popular", comunicó. La organización aseguró que está trabajando en una campaña de información a los afectados que se hayan visto perjudicados. Y la asociación de consumidores financieros Asufin anunció que está trabajando con abogados expertos y peritos financieros en la presentación de una querella contra los administradores de Popular.
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, Aemec (cuyo secretario general es el abogado Javier Cremades) calificó de "expropiación" la compra del Popular por parte del Santander, y señaló que también estudia demandar al hasta ahora consejo de administración, presidido por Emilio Saracho, a través de una acción de responsabilidad social. Esta agrupación ya presentó en abril un escrito ante la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) para que investigara si el accionista mexicano del Popular, Antonio del Valle, que controlaba un 4,25% del capital, había vulnerado la ley del mercado de valores cometiendo abuso de mercado. También sostenían que Saracho, realizó declaraciones en la junta de accionistas que condujeron a un desplome de la cotización y “arruinó a multitud de ahorradores”.
Desde una web llamada "afectadosbancopopular" una plataforma de accionistas llamaba a todos a unirse y denunciar. Proponían registrarse a través de un formulario. ¿Quién la ha organizado? En una nota en la parte de abajo se explica que "la plataforma cuenta con el respaldo jurídico de la firma RÚA Abogados, especialistas en Derecho Bancario, con más de 40 años de experiencia y un 98,9% de resoluciones favorables en vía judicial, defendiendo a afectados por una mala actuación de las entidades bancarias".
Aporcentaje Abogados, otro despacho online especializado en causas masivas y que se promociona recordando que no cobra honorarios hasta que resuelven los casos, también inauguraron una zona especializada. "Estamos agrupando accionistas del Banco Popular para interponer acciones legales contra los antiguos directivos de la entidad y/o contra Banco Santander en su caso como comprador", avanza.
De las preferentes a los gastos de la hipoteca
El desastre en Bolsa del Popular es una nueva posible veta de una mina de oro que los despachos como Bufete Rosales o Arriaga Asociados descubrieron hace tiempo. Ayudaron a miles de afectados por la salida a Bolsa de Bankia a recuperar su dinero en los tribunales. Por el camino, ante las sentencias que les daban la razón a aquellos inversores (que compraron los títulos con información inexacta sobre la salida a Bolsa), los abogados cobraron varios millones de euros de parte de los bancos, condenados a correr con las costas al perder. Crearon una industria de demandas en cadena. Hasta el punto que Bankia, en 2016, decidió ofrecer una devolución exprés extrajudicial a los inversores, y así ahorrase ese dinero. El negocio también se centró en ayudar a los afectados por participaciones preferentes, un abuso también judicializado.
Con la decadencia de esos procesos judiciales, llegaron las cláusulas suelo (todavía con miles de casos en los tribunales, pese al procedimiento extrajudicial lanzado por el Gobierno). Y ahora están centrados también en los procesos para recuperar lo que pagaron de más cientos de ciudadanos por los gastos de su hipoteca o por las tasas municipales de plusvalías en la venta de pisos, a cuenta de sendas sentencias del Tribunal Supremo que cambian las reglas del juego por abusivas.