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El Gobierno se opone a la subrogación por ley de los contratos de los estibadores



El Gobierno del PP mantiene su negativa a recoger la subrogación de los trabajadores de la estiba por ley. La enésima negociación entre patronal y sindicatos de la estiba ha acabado este miércoles con un pacto entre las partes que el Gobierno rechazó. La principal petición conjunta consiste en garantizar el empleo por ley. Esto es, en cualquier norma con rango de ley y no en el decreto donde los trabajadores exigían hasta ahora incluir la subrogación. "No se puede imponer la subrogación por ley", dijo el secretario de Estado de Transporte, Julio Gómez-Pomar.
El conflicto sobre la reforma de la estiba se ha vuelto a estancar. Tras una jornada intensa, con reuniones desde por la mañana entre los servicios jurídicos de patronal y sindicatos, ambos colectivos han presentado al Gobierno un acuerdo que desbloqueaba la situación del sector. En el pacto se incluía una rebaja salarial del 10% por parte de los trabajadores. A pesar de este intento de empresas y sindicatos, el Gobierno cierra la puerta a esta vía y exige que la posible subrogación de los trabajadores se recoja en el convenio colectivo. "El ministro había dicho que era posible la garantía de empleo en un instrumento normativo, pero ahora el Gobierno dice que no", aseguró el representante sindical Antolín Goya.
En el encuentro entre la patronal Anesco y los sindicatos de la estiba estuvo el mediador Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES) junto a los secretarios de Estado de Transporte y el de Empleo, Juan Pablo Riesgo, y el director general de empleo, Xavier Thibault, en representación del Gobierno. El mediador, además, enviará este jueves un posible acuerdo a las partes, el primero que propondrá desde el inicio de las negociaciones hace dos meses.
Con el principio de acuerdo propuesto por los agentes sociales, el Gobierno tenía en su mano acabar con el bloqueo político que tiene la reforma del sector en el Congreso. El pasado 16 de marzo, el Parlamento tumbó el decreto ley propuesto por el Gobierno que acababa con el monopolio de la estiba y con el que se cumplía la sentencia europea que pesa contra España desde diciembre de 2014. Un incumplimiento que pasa de los dos años y que le supone al Estado una sanción de 27.522 euros diarios, que suma ya una multa de unos 23 millones de euros. Además, España está pendiente de una nueva resolución, que haría que la sanción diaria fuese de 134.107,2 euros diarios.
Convenio colectivo
"El acuerdo era muy positivo para el sector", ha afirmado Pedro García, director gerente de la patronal Anesco. Lo sindicatos, por su parte, se mostraron indignados por lo que entienden que es un paso atrás del Gobierno al no aceptar que la garantía de empleo se recoja por ley. "Hemos flexibilizado los grupos de trabajo y ayudamos a la competitividad de los puertos, pero por mucho que negociemos, el Gobierno no se va a mover", ha argumentado Goya.
Gómez-Pomar, sin embargo, ha insistido nuevamente en que si hay un acuerdo en la subrogación del 100% de los trabajadores en el convenio colectivo, se podría regular estas condiciones, pero no con una obligación a las empresas por ley. "Sería contrario a la sentencia europea", ha repetido Gómez-Pomar. Los trabajadores y empresarios, por su parte, han acordado en su propuesta cualquier fórmula "que tenga rango de ley". Asimismo, Goya ha avisado al Gobierno: "Vamos a transmitir al resto de grupos este acuerdo para que sepan la situación en que estamos".