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Solo los hogares de rentas bajas podrán acceder al bono social eléctrico



El Ministerio de Energía y los grupos políticos alcanzaron un consenso casi generalizado para utilizar el criterio de renta de las familias para conceder el bono social, según el cual se aplica un descuento del 25% en el recibo de la luz. Los partidos se comprometieron a entregar en 15 días sus propuestas para determinar las condiciones para entrar en ese colectivo, al que solo accederán los hogares de rentas bajas —no como hasta ahora, que podían solicitarlo, por ejemplo, todas las familias numerosas o quienes tienen baja potencia contratada, independientemente de su renta—. Asimismo se negocian los criterios para prohibir el corte de suministro.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, reunió este martes a los portavoces parlamentarios de las distintas fuerzas políticas para abordar un debate sobre el futuro del bono social, un tema que paralelamente también se trataba en la conferencia de presidentes de las Comunidades Autónomas. Aunque hay tres meses para desarrollar el Real Decreto Ley (RDL) que aprobó el Consejo de Ministros del 23 de diciembre, el ministerio y los partidos políticos se han dado un plazo de 15 días para presentar sus propuestas sobre los tres reglamentos que lo completarán y que se consideran fundamentales para atajar la pobreza energética: establecimiento de reglas para la protección del consumidor, la definición de consumidor vulnerable y el procedimiento para el corte de suministro. El objetivo es ponerlos en marcha sin que pase mucho tiempo de la convalidación del RDL.
En todo caso, quedó plasmado en la discusión, que duró menos de dos horas, que el criterio de renta será imprescindible para determinar quiénes podrán beneficiarse del bono social. Para fijar dicho criterio se elegirán como bases el salario mínimo o el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que se suele utilizar para la concesión de becas y otras ayudas. Asimismo, se tendrá en cuenta las experiencias de las Comunidades Autónomas.
Los grupos se muestran conformes en que el descuento lo reciban las familias con todos sus miembros en paro, las personas mayores de 60 años con pensiones mínimas y aquellos hogares que tienen una potencia contratada por debajo de los tres kilovatios, si bien en este caso se revisará si es para segunda vivienda, garajes o locales, algo que también estaría aclarado por el criterio de renta. Asimismo, permitirá conocer qué familias numerosas son vulnerables por el hecho de ser numerosas.
Alerta temprana
En el reglamento sobre el corte de suministro se prevé establecer el procedimiento de alerta temprana. Es decir, obligar a las compañías a notificar a los usuarios y a los servicios sociales de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas la falta de pago. A partir de ahí se abriría un periodo de dos y cuatro meses para dar tiempo a los servicios sociales a averiguar si los hogares son vulnerables o extremadamente vulnerables, de manera que se establecerían las ayudas. En el segundo caso (los hogares en condiciones más graves), se instauraría un copago para asumir los suministros entre el sistema y las Comunidades Autónomas, cuyo papel es clave porque los consumidores más vulnerables son atendidos por los servicios sociales de las autonomías y ayuntamientos. Se calcula que el número de personas que están en dicha situación supera las 100.000 dentro de un universo de casi cinco millones de consumidores con dificultades.
El RDL ya aprobó, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, el nuevo mecanismo de financiación del bono social. La medida respondía a la sentencia del Tribunal Supremo que había invalidado el sistema anterior. Ante eso, estableció que la financiación correría a cargo de todas las comercializadoras de energía eléctrica.