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El Gobierno promete a Bruselas el cierre de empresas municipales deficitarias



El Gobierno ha trasladado a Bruselas que aplicará la ley que establece que el próximo 1 de diciembre se cerrarán las entidades que acumulen dos años de desequilibrio financiero, incluso si prestan servicios esenciales. Asegura que con la disolución de empresas municipales ahorrará entre este año y el que viene 813 millones. Hacienda justifica que no habrá perjuicio para los ciudadanos, porque ha ofrecido dos soluciones a los ayuntamientos: una, que financien la empresa con sus fondos. O dos: que la liquiden y sea el propio consistorio quien preste el servicio. En este caso el problema consiste en que deberán asumir su deuda.
A finales de julio, Hacienda remitió 323 requerimientos a ayuntamientos en los que reclamaba el cierre de las empresas municipales que sumaban dos o más ejercicios presentando resultados negativos. Las misivas produjeron un gran revuelo en localidades como Valencia, Alicante, Málaga, Marbella o Gijón.
En aquel momento, Hacienda argumentó que tan sólo se trataba de peticiones de información y que bajo ningún concepto se pensaba privar a los ciudadanos de servicios esenciales. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, se reunió hace una semana con el ministro en funciones de Hacienda, Cristóbal Montoro. A su salida, subrayó “la receptividad” del Ministerio para hallar soluciones. “El Gobierno en funciones no está enrocado”, afirmó.
Sin embargo, en el plan presupuestario remitido a Bruselas el pasado sábado, el Ejecutivo promete la disolución de estas empresas: “En 2016, se mantiene el efecto estimado, ya que se tendrán que disolver y liquidar, con el límite de 1 de diciembre de 2016, las entidades en desequilibrio que estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros”.
Es más, el Gobierno cifra los ahorros que se obtienen gracias a estas liquidaciones: 484 millones en 2015; 508 millones en 2016 y 305 millones en 2017. En total, 1.297 millones durante los tres años. Respecto a 2015, el Gobierno afirma que incluso se consiguió más ahorro de lo previsto.
La ley es cristalina respecto al cierre de estas sociedades. Pero fuentes de Hacienda insisten en que se están buscando soluciones caso por caso. “Ningún ayuntamiento se está quejando. No se quiere perjudicar al contribuyente. Tan sólo se cierran aquellas que no tienen ningún cometido de servicio público. Y con las que sí que lo tienen se está logrando que mejoren su gestión”, justifican.
Por lo general, Hacienda ofrece dos soluciones: una consiste en que el ayuntamiento subsidie a la empresa con sus propios presupuestos. Y la segunda es que el consistorio disuelva la compañía y preste los servicios usando su propia estructura, como si fuese un departamento más. Eso, alega Hacienda, brindará ahorros al librarse de la estructura de la empresa. En esta opción, el problema puede residir en la deuda de la empresa disuelta. En principio, el municipio debería asumirla. Y muchos consistorios han usado estos entes para no contabilizar los pasivos en sus cuentas. No obstante, estas soluciones podrían acabar cuestionando el verdadero impacto del ahorro.
El consistorio de Valencia recibió a finales de julio la misiva exigiendo explicaciones por el déficit de la empresa municipal de transportes, la EMT. El alcalde, Joan Ribó, se puso en guardia y criticó que el departamento de Montoro quisiera dejar la ciudad sin parte del transporte público. Sin embargo, ahora no se muestran preocupados. “Enviamos alegaciones cuando nos mandaron las cartas. Dijimos que la empresa no estaba en desequilibrio. Es verdad que es deficitaria, pero cada año el Ayuntamiento hace una aportación para compensar las pérdidas”, explica un asesor. Una vez hechas esas alegaciones, no recibieron respuesta de Hacienda. “Así que, ante el silencio administrativo, consideramos que han aceptado la respuesta”, resuelve. No esperan, por tanto, que nadie les pida echar el cierre el 1 de diciembre.
En Málaga, la orden afecta al Instituto Municipal para la Formación y el Empleo. El gobierno local, del PP, ha alegado que no necesita corregir el desequilibrio porque se trata de un organismo autónomo que no desarrolla actividades económicas. Y fuentes municipales declaran que no han obtenido contestación. En Marbella, han iniciado la liquidación de la empresa Transportes Locales 2.000, y estudian la fórmula para asumir la competencia. Y en Torremolinos han disuelto el ente que gestionaba el Palacio de Congresos. Ahora el consistorio lleva la explotación, informa Esperanza Codina.
Hacienda ha enviado 3.855 cartas a ayuntamientos por motivos relacionados con la disciplina fiscal. Ha remitido 2.581 requerimientos por incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y/o regla de gasto; 20 por incumplir los plazos de pago a proveedores; 191 sobre incongruencias o datos inconsistentes; 509 a municipios de Navarra y País Vasco por la falta de información; 231 a consorcios y 323 por empresas públicas deficitarias.