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El Gobierno prorroga también el recorte de 3.000 millones de 2016



El plan presupuestario remitido a Bruselas no supone una simple prórroga, tal y como ha defendido el Gobierno interino. También incluye la repetición de los recortes aplicados durante 2016. O lo que es lo mismo, el año que viene no sólo habrá que ajustar las finanzas públicas en 5.500 millones para conseguir el 3,1% de déficit exigido por Europa. Además, el Ejecutivo se compromete a mantener los recortes de 3.000 millones que ha aplicado en 2016 y que no estaban presupuestados.
El Gobierno en funciones ha aplicado dos recortes en 2016. De una parte, 2.000 millones en acuerdos de no disponibilidad del gasto de los ministerios. Y de otra, 1.000 millones que espera obtener con el adelanto del cierre contable, la medida que desde agosto impide que se contraigan nuevos compromisos de gasto. Según explica el plan presupuestario, estas dos iniciativas se han centrado, sobre todo, en el gasto corriente y la inversión.
El documento remitido a Bruselas afirma: “Para 2017, el gasto se situará por debajo del crédito inicial de 2016, que es lo que se derivaría de una prórroga automática del Presupuesto, ya que con el fin de cumplir con los compromisos de reducción del déficit público, se ha estimado que el Consejo de Ministros adoptará las medidas necesarias para que, en 2017, la orientación de la política de gasto se mantenga sin cambios respecto de la ejecución presupuestaria de 2016”. Para decirlo de una forma más sencilla: el Gobierno se compromete a mantener los recortes que han practicado en 2016. De lo que se deduce que el plan presupuestario no es una mera prórroga de los Presupuestos de 2016.
Aun así, no se consigue alcanzar el objetivo de déficit exigido por Bruselas para 2017. La cifra que ofrece el Ejecutivo se queda en el 3,6%, de ahí que falte un ajuste de unos 5.500 millones para lograrlo. De acuerdo con las cuentas entregadas a Bruselas, los gastos del conjunto de las Administraciones subirán en 4.815 millones. Y ello a pesar de que la partida de desempleo desciende en 2.000 millones y ronda los 16.000 millones, la mitad que en el pico de la crisis. Los intereses se mantienen estabilizados en el entorno de los 31.000 millones en 2017. El gasto público sube, sobre todo, porque el capítulo de pensiones continúa escalando a ritmos del 3%, esto es, unos 4.000 millones más que incluyen el 0,25% de subida de las prestaciones. De no haber sido por las reformas de la Seguridad Social de 2011 y 2013, esta partida estaría creciendo en 1.200 millones más al año, afirma el Ejecutivo en el documento.
Además, se eleva la partida de educación en unos 500 millones y la de sanidad en unos 1.500 millones. Al incorporar la oferta de empleo público recientemente aprobada, la remuneración de los asalariados públicos también engorda en unos 2.000 millones en 2017 si no se tiene en cuenta la devolución de la paga extra que se hizo en 2016.
Por el lado de los ingresos, el conjunto de éstos subirá en 2017 en 13.860 millones, un 3,3% más de recaudación que marcha en línea con el crecimiento del PIB y la inflación. La diferencia entre el incremento de ingresos y gastos arroja una reducción del déficit de unos 10.000 millones, una cantidad insuficiente para alcanzar la meta del 3,1% de déficit que reclama Europa. Faltan 5.500 millones que tendrá que lograr entre recortes e impuestos el próximo Gobierno.
Respecto a las entidades locales, éstas han de reducir los gastos en 1.198 millones al suprimir empresas y fusionarlas, recortar gastos en compras y servicios y bajar retribuciones de sus empleados. Por la parte de los ingresos, aumentan su recaudación en 297 millones gracias al IBI y otros impuestos.
En cuanto a las comunidades, tendrán que conseguir ahorros de aproximadamente 1.296 millones. De éstos, 550 millones tendrán que lograrse mediante medidas para abaratar el gasto farmacéutico y 600 millones en el apartado de personal.