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La Autoridad Fiscal calcula que cumplir el déficit exige ajustes de 4.000 millones



La senda de reducción del déficit que se ha marcado el Gobierno exige más ajustes. La Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) calcula que son necesarios unos 4.000 millones para que el agujero fiscal acabe en el equivalente al 3,6% del producto interior bruto en 2016. El Gobierno ha anunciado un recorte en la Administración central de 2.000 millones: la AIReF sostiene que ese ajuste es insuficiente y reclama al Ejecutivo más transparencia para que sea creíble. Ante la falta de medidas en Seguridad Social y Ayuntamientos, los 2.000 millones de euros restantes tendrán que salir de las comunidades autónomas.
Guerra de cifras en Madrid como antesala de la más que probable guerra de cifras entre Madrid y Bruselas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emitió este lunes su veredicto sobre el Plan de Estabilidad, 10 días después del plazo previsto por el retraso del Gobierno en el envío de toda la documentación. Los técnicos del organismo encargado de vigilar la sostenibilidad de las cuentas públicas calculan que son necesarios ajustes por importe de 4.000 millones para llegar a un déficit equivalente al 3,6% del PIB en 2016 en todas las Administraciones Públicas. Este es el objetivo —“perfectamente alcanzable”, según el ministro de Economía, Luis de Guindos— que se ha fijado el Gobierno.
Los planes del Ejecutivo pasan por obtener un año extra en Bruselas, para rebajar el déficit hasta el 3% del PIB en 2017. La Comisión Europea da por hecho ese año adicional, y se plantea incluso dos años. Pero está por ver que las previsiones europeas coincidan con las del Gobierno: con las medidas de ajuste aprobadas hasta ahora, el brazo ejecutivo de la UE está más cerca de la AIReF que del Gobierno. La Comisión se decanta por una previsión de déficit que estará algo por debajo del 4%. Para llegar al 3,6% que pretende Moncloa, por tanto, serían necesarios ajustes adicionales, en línea con lo que subraya la Autoridad Independiente.
Para acceder a la ampliación del plazo, Bruselas exige gestos. El Gobierno ya se ha puesto manos a la obra: La Moncloa anunció un ajuste fiscal de 2.000 millones el 15 de abril, y mano dura con las autonomías. La AIReF teme que eso se quede en un recorte cosmético: reclama que el ajuste de 2.000 millones, que ya tiene luz verde del Consejo de Ministros, “se apruebe e instrumente lo antes posible” y que “se concreten y transparenten sus detalles”.
Los 2.000 millones adicionales que pide el organismo que preside José Luis Escrivá correspondería a las autonomías, ya que no se contemplan medidas de ahorro para la Seguridad Social ni para las Administraciones locales. La AIReF aprovecha para retomar una de sus recomendaciones habituales: el objetivo de déficit de las comunidades no debe ser el mismo para todas, un 0,7% de su PIB, sino que debe adaptarse en función del margen que tienen. Hacienda, en cambio, fija un mismo límite a todas las autonomías.
Para la sostenibilidad de las cuentas públicas en 2017, la AIReF ve necesario “adoptar medidas con vocación de permanencia” que corresponderá aplicar a “un nuevo Gobierno, ya no en funciones, que actualice el plan de estabilidad con un horizonte de medio plazo, donde se visualice un compromiso creíble con el equilibrio presupuestario”.
La AIReF cierra su análisis con una carga de profundidad: critica la forma elegida por el ministro Cristóbal Montoro para elaborar la regla de gasto, una norma que limita el aumento del gasto público a la evolución del PIB y la capacidad de financiarlo de forma sostenible en el tiempo: “Se han producido una serie de interpretaciones de la regla de gasto por parte de Hacienda que contribuyen a flexibilizar su aplicación y en cierta forma desvirtúan la finalidad perseguida por esta regla fiscal. Se hace necesario revisar esas interpretaciones”.