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El G20 admite que sus medidas no bastan para reactivar el crecimiento



La cumbre de Antalya, la décima que celebra el G20, no se recordará por la aprobación de nuevas medidas para resteñar las heridas que ha dejado la crisis financiera en la economía mundial. Más al contrario, el comunicado final de la cumbre, que acabó este lunes, admite que el crecimiento económico mundial es “desigual y continúa por debajo de nuestras expectativas”. También, que los países ricos y emergentes reunidos en este foro, deben “hacer más”, aunque nada de lo expuesto en el texto suponga un cambio sustancial sobre decisiones ya en marcha.
El año pasado, en Brisbane (Australia), los países del G20 recopilaron las reformas que piensan llevar a cabo para añadir dos puntos porcentuales a su crecimiento en 2018. Los organismos internacionales que supervisan este objetivo (FMI, OCDE y Banco Mundial) coinciden en que más de la mitad de esas reformas ya se han llevado a cabo, pero su impacto en la evolución de la economía mundial se antoja muy escaso frente al frenazo de China, el efecto de la caída de las materias primas en los países emergentes, o las dificultades de Europa para retomar el crecimiento. En 2015, según el FMI, el PIB mundial apenas crecerá un 3%, frente al 3,4% del año pasado. Y, así, la reducción del paro se hace más difícil.
El más claro fue el presidente de China, Xi Jinping, que emplazó al resto de líderes del G20 a encontrar con urgencia nuevas fuentes de crecimiento económico, porque a pesar de que la crisis financiera ha terminado, la recuperación es muy débil y no asegura una nueva era de prosperidad mundial. “Es una etapa marcada por la transición”, terció la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien enfatizó que los países deben acelerar las medidas previstas en Brisbane.
El comunicado final refleja también el recelo de las economías emergentes por cómo los mercados digieran que los caminos de la Reserva Federal de Estados Unidos (ultima una subida de tipos) y el Banco Central Europeo (que pretende relajar más su política monetaria) se separen cada vez más. El texto insta a “calibrar y comunicar claramente las grandes decisiones de política monetaria, para mitigar la incertidumbre y minimizar efectos negativos”.
Como estaba previsto, los gobiernos representados en Antalya han asumido las recomendaciones para evitar que las multinacionales eludan el pago de impuestos. El G20 encargó en 2012 a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que coordinara una revisión de las normas sobre fiscalidad de empresas y estableciera propuestas de reforma para lograr que las grandes compañías tributen más.
Según las estimaciones “prudentes” de la OCDE, los vacíos legales, artificios contables e incentivos fiscales que aprovechan las multinacionales para reducir los beneficios sujetos a tributación o desplazarlos a paraísos fiscales o países que les permiten pagar muy poco, se traducen en unas pérdidas de recaudación de hasta 230.000 millones de euros cada año en el mundo solo en el impuesto de sociedades.
Las recomendaciones de la OCDE no son de obligado cumplimiento, pero algunas sí serán aplicadas de forma casi inmediata. Así, sus propuestas cambian las directrices sobre precios de transferencia (como evaluar las relaciones económicas entre una multinacional y sus filiales para que reflejen la actividad real y no rebajen la factura fiscal) y establecerá en 2016 un instrumento multilateral para que los cambios necesarios en los convenios bilaterales no tengan que negociarse país a país.
Entre las propuestas más destacadas, están esos nuevos criterios para adaptar los precios de transferencia a la actividad real y la exigencia a las multinacionales de que entreguen a las autoridades fiscales información sobre como los elaboran. También tendrán que suministrar a las administraciones tributarias un informe para esclarecer, país por país, “donde se localizan beneficios, ventas, empleados y activos, así como donde se pagan y devengan impuestos”. La OCDE cuenta con que el intercambio de esos informes país por país sea efectivo a partir de 2017.
También se aconseja revisar la estructura de los convenios fiscales, para evitar que las multinacionales busquen la aplicación del convenio más favorable, se plantea una nueva definición de “establecimiento permanente” -por ejemplo, si una empresa como Amazon tiene en un país un gran almacén con trabajadores para distribuir productos vendidos por Internet, tendrá que tributar por la actividad generada en ese centro-, que no estará lista hasta 2016. Se aconseja limitar las deducciones por gastos en intereses a un porcentaje de su beneficio de explotación. Se obliga a intercambiar información sobre los acuerdos para dar un trato fiscal ventajoso a ciertas multinacionales (como el tax ruling de Luxemburgo). Y se recomienda que varios países modifiquen regímenes fiscales que facilitan una rebaja tributaria para incentivar un determinado tipo de gasto (en I+D, por ejemplo), que luego no se produce allí.
“Es un primer paso, pero también una oportunidad perdida”, lamenta Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal en Oxfam, quien recuerda que el impulso para estas reformas vino de una “tormenta perfecta”, al unirse la publicación de escándalos tributarios de multinacionales con la crisis financiera y la necesidad de los Estados de aumentar la recaudación. “En muchos aspectos se queda corto, los países en desarrollo se sumaron tarde a un debate crucial para ellos, cuando la agenda ya estaba marcada, y no hay previsto ningún instrumento para obligar a cumplir las normas”.
Una comisión de expertos (ICRICT, por sus siglas en inglés), entre los que se encuentran el economista colombiano José Antonio Ocampo, la jurista francesa Eva Joly o el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, apoyada por grandes ONG como Oxfam, han identificado lo que considera puntos débiles de la reforma. Así, el informe de las multinacionales país por país no se divulgará de forma pública y no hay ninguna disposición sobre un tipo mínimo común en el impuesto de sociedades. El ICRICT lamenta también que se haya arrumbado la propuesta de fusionar los beneficios globales de las multinacionales para luego distribuirlos por países, a efectos impositivos, según la actividad económica realizada en cada uno de ellos. Y que los países occidentales echaran abajo la propuesta para que un organismo mundial, en el ámbito de la ONU, supervise y denuncie “los efectos de la competencia tributaria desleal”.
La cumbre de Antalya sirvió además para subir otro escalón en la reforma financiera en la que el G20 lleva cinco años inmerso. Los presidente de Gobierno y jefes de Estado de las principales economías mundiales dieron el visto bueno a las nuevas reformas acordadas en el Consejo de Estabilidad Financiera. La más importante de ellas, la que exige a las 30 principales entidades mundiales (y que se replicará a escala europea) que dispongan de deuda emitida e instrumentos híbridos de capital suficientes como para asumir pérdidas equivalentes al 18% de sus activos ponderados por riesgo antes de 2022.
El nuevo objetivo, que se superpone a los requisitos de capital de máxima calidad (hasta un 9,5% en acciones y reservas para las mayores entidades), pretende minimizar la posibilidad de que un gran banco entre en crisis, y sobre todo, asegurar que hay opciones de que su rescate lo financien sus accionistas y acreedores, y no el dinero público como ocurrió en los últimos años.
Ante las nuevas medidas, el presidente del BBVA, Francisco González, que asiste en Antalya a un foro paralelo con grandes empresas, pidió el domingo al G20 que se tome “una pausa en la regulación del sector financiero para calibrar su impacto en la economía”. Y abogó porque los gobernantes se focalicen ahora en impulsar el crecimiento.
Las palabras de González trasladan un recelo creciente en la banca, que ve cómo el énfasis en la estabilidad financiera les pone en una posición menos ventajosa respecto a otras entidades, como los fondos de gestión de activos, con gran protagonismo en las relaciones financieras en los mercados, pero menos exigencias de supervisión. En su informe al G20, el Consejo de Estabilidad reconoce que las reformas para hacer más consistente y transparente a la llamada “banca en la sombra” van con retraso, y que las que ya se aplican, como las que someten la compraventa de productos derivados a un sistema centralizado para dar cuenta del intercambio, tienen un seguimiento desigual.