Bolsa e Inversión
Una fuente indispensable de información a su servicio

Así nació y murió el intento de recobrar 3.000 millones a las eléctricas



Las declaraciones de tres exaltos cargos de Industria y cuatro abogados del Estado ante la fiscalía Anticorrupción revelan cómo se fraguó el nacimiento y la muerte -antes de ver la luz- de la orden con la que el primer Gobierno del PSOE pretendía cobrar lo que las eléctricas habían cobrado de más a los consumidores por los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC), cifrados en unos 3.000 millones. “Lógicamente las empresas eléctricas tenían interés en que la propuesta de orden no siguiera adelante, y utilizaron los medios de presión habituales que tenían a su alcance”, declaró a la fiscalía Jorge Sanz, director general de Energía con Joan Clos y personaje clave en la tramitación. La fiscalía archivó el caso en diciembre al considerar que no había delito en la decisión de Pedro Marín, exsecretario de Estado de Energía, de enterrar esa orden en 2008, tras el traspaso de poderes éntrelos equipos de Joan Clos y Miguel Sebastián. Marí consideró que aprobarla habría sido "un desastre".
Jorge Sanz vivió de cerca los CTC. Economista del Estado y hoy consultor en Nera, fue nombrado director general de Energía en 2004, con la llegada del PSOE al poder. El pasado otoño fue interrogado por Anticorrupción como testigo. Este explicó que al llegar al ministerio “se plantea si tiene sentido seguir pagando” los CTC. Se trata de una compensación nacida en 1997, cuando el PP liberaliza el mercado eléctrico. Estos CTC -8.600 millones de euros- garantizaban a las eléctricas el pago por inversiones que el Estado les había obligado a hacer. En 2005, la subida del precio del petróleo hizo que las eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico) cobraran más de lo inicialmente estimado.
En junio de 2006, un decreto ley de Industria canceló el pago de CTC pero dejó pendiente la liquidación. El entonces secretario general de Energía, Ignasi Nieto, consultó a la abogacía del Estado cómo liquidar los CTC. Primero preguntó a la abogacía del Ministerio pero esta dijo que “era un tema muy complicado y se debía elevar a la Abogacía General del Estado”, siempre según las actas de Anticorrupción.
La segunda de las preguntas de Nieto a la Abogacía era: "Si, en el caso de que se produjera dicha liquidación y resultara que algunos agentes han percibido cantidades superiores a la máxima atribuida inicialmente, cabría exigir a estos agentes la devolución de estos excesos".
Jorge Sanz recuerda en su declaración ante el fiscal que Nieto “le da instrucciones expresas para hacer un desarrollo reglamentario de la liquidación”. Antes de las elecciones de marzo de 2008, Sanz ya tiene lista la orden ministerial para liquidar los CTC y que las eléctricas devuelvan lo cobrado de más. “Era consciente de que había un plazo de prescripción para hacer la liquidación, y recuerda que la instrucción del señor Nieto cuando se le pidió que abordara el proyecto expresamente se refirió a esa cuestión, y por eso se le pidió que lo hiciera a la mayor celeridad posible”.
“Él tenía hecha la propuesta de orden antes de las elecciones generales, y recuerda que en una entrevista con el ministro Clos, este le dijo que consideraba que era un tema lo suficientemente complejo y relevante como para que fuera abordado la siguiente legislatura”, según el acta de las declaraciones, aportadas en la instrucción que abrió y archivó la Audiencia Nacional tras una denuncia de Ausbanc.
El 13 de marzo de 2008, cuatro días después de las elecciones generales, entró en Industria la respuesta, firmada por el entonces abogado general del Estado (jefe de ese cuerpo), Joaquín de Fuentes Bardají. Su conclusión era que, aunque no estuviera expresamente contemplada en la ley una liquidación final, "los principios del derecho que prohíben el enriquecimiento injusto y el cobro de lo indebido permiten que pueda procederse a dicha liquidación para cada empresa". El informe no cifra la cantidad a devolver. De Fuentes Bardají que también testificó en Anticorrupción. El dictamen también avisa que el plazo para reclamar los CTC termina en junio de 2010, cuatro años después de su aliminación.
Tras las elecciones de 2008 llega Sebastián al ministerio y nombra secretario de Estado de Energía a Pedro Marín. Jorge Sanz explica a la fiscalía que “sí recuerda haber tratado el tema con el nuevo secretario de Estado”.
Para entonces, las eléctricas habían puesto en marcha lo que Sanz define como “los medios de presión habituales”. En este caso fueron informes contrarios elaborados por bufetes de abogados. Según declaró Eduardo Calancha, entonces abogado del estado en Industria y hoy en excedencia, “recibió una serie de informes contrarios a la posibilidad de liquidación de los CTCs, concretamente 14, elaborados por diversos despachos de abogados”. Calancha declaró que no sabía cómo habían tenido acceso las eléctricas al informe de la abogacía del Estado ni quién le envió a él los dictámenes.
Aun así, esa orden nunca vio la luz. Pedro Marín, secretario de Estado de Energía con Sebastián, afirmó a este diario cuando adelantó la investigación que no recordaba mucho del caso de los CTC. Marían admitió en Anticorrupción que despachó con su predecesor, Ignasi Nieto, “durante más de una mañana y le puso al corriente de los temas pendientes de la secretaría, que eran muchos, y entre los cuales cree que estarían los CTC. Sin embargo, Marín nunca vio claro lo de liquidar los CTC: “Tenía la seguridad de que si se producía una normativa para practicar la liquidación el tema se judicializaría y el futuro sería incierto”. Se mostró “convencido de que a día de hoy todavía se estaría discutiendo”. Por eso, él y su equipo “tenían muchas dudas de la liquidación”.
Marín dudó del sistema de cálculo usado por sus predecesores, que estimaron que las eléctricas habían cobrado de más "una cantidad significativamente relevante que rondaba los 3.000 millones", según declaró Nieto a este periódico. Marín en cambio consideró que algunas empresas igual habían cobrado de menos. “De haber seguido con la tramitación de la liquidación de los CTC habría sido un desastre porque habría generado incertidumbre y, en el muy probable caso de que la liquidación hubiera resultado negativa, se habría dado una imagen negativa de la Administración”, le dijo al fiscal Luis Rodríguez Sol, el mismo del caso Bankia.
Marín afirmó también que “está convencido de que este tema lo despachó en alguna ocasión con el ministro Sebastián […] pero no recuerda que hiciera ningún comentario ni expresara alguna opinión personal sobre el tema”.
También declaró en Anticorrupción el primer secretario de Estado de Energía del Gobierno del PP, Fernando Martí, hoy presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Este declaró que al llegar buscó vías que aliviaran el déficit de tarifa. Conocía el caso porque procedía de la Comisión Nacional de la Energía, que calculó en 2008 que lo cobrado de más por las elétcricas ascendía a 3.400 millones, según publicó Cinco Días. Pero “al preguntar a los servicios del ministerio sobre la posible acción para liquidar los CTC estos le informan que habría prescrito, según un informe de 2008”. Por eso pidió un nuevo dictamen a la Abogacía del Estado que le confirmó la fecha de la prescripción. Martí sí afirmó que “la materia de los CTC es complicada, polémica, con muchas aristas técnicas y jurídicas”.
Finalmente, tras tomar declaración a estos cargos, la fiscalía cerró el caso y archivó la denuncia que le había presentado la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. El pasado 11 de diciembre informó de que “tras practicar las investigaciones oportunas para la averiguación de los hechos denunciados, por no desprenderse que pudieran revestir caracteres de delitos”.